estallido social chile

"El país prospera; el pueblo, aunque inmoral, es dócil", escribía en 1829, contando sus primeras impresiones sobre Chile, Andrés Bello. Ese ha sido el contrato social implícito desde entonces: la clase dirigente hace prosperar el país, y el resto se mantiene dócil.
Las sociedades modernas se sostienen en un delicado equilibrio. Por más poderosos que parezcan el Estado y su fuerza represiva, dependen del respeto tácito al orden social. Si un día los ciudadanos deciden dejar de parar en las luces rojas, concurrir a sus trabajos o pagar el Metro, el sistema no se sostiene: no es posible tener a un carabinero en cada semáforo, cada cubículo y cada torniquete.
Para esa gestión existe la política: el sutil arte de escuchar las demandas ciudadanas y traducirlas en políticas públicas efectivas. Es la renuncia a esa gestión la que explica el "Santiagazo" que convirtió a la capital de Chile en una ciudad de la furia.
El jueves, cuando el malestar social arreciaba, el Presidente dio una entrevista al Financial Times, comparándose con Ulises por su estrategia para no escuchar los cantos de sirena: "Él se ató al mástil de un barco y se puso trozos de cera en las orejas para evitar caer en la trampa. La sirena llama. Estamos dispuestos a hacer todo por no caer en el populismo, en la demagogia".
Antes, el ministro Monckeberg había sugerido entrar al trabajo a las 7.30 para llegar más rápido, y el ministro Fontaine, tomar el Metro a las 7.00 para evitar el alza. Cuando se registraban los primeros casos de evasión masiva, el Presidente Piñera calificaba a Chile como "un verdadero oasis en medio de esta América Latina convulsionada".
Fue una protesta lenta, que subió en intensidad gradualmente, con muchos momentos para reaccionar. Pero no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión. El panel de expertos define la tarifa, las Fuerzas Especiales la hacen cumplir. Planillas Excel y lumas, mientras la política permanece ciega, sorda y muda. A las 19.15 horas del viernes, el ministro Chadwick se limitó a amenazar con la Ley de Seguridad del Estado, sin una sola palabra sobre el fondo de las demandas. El día anterior, La Moneda ya había echado más combustible al fuego, al tratar la evasión de "delincuencia pura y dura", y a quienes se manifestaban como "hordas" y "delincuentes".
Esas palabras ("evasión", "delincuentes") tienen una carga pesada en Chile. La evasión surgió en 2007 como la primera grieta del contrato social ante el desastre del Transantiago. Miles de santiaguinos decidieron que, si la tecnocracia dirigente era incapaz de cumplir su deber (proveer transporte), ellos tampoco tenían por qué honrar su parte del contrato y pagar su tarifa.
Si el país no prospera, el pueblo se vuelve indócil.
La respuesta fue el Registro de Infractores, la mejor prueba del doble rasero de la clase dirigente, que publicaba una lista de la vergüenza con los evasores de pasajes, y al mismo tiempo justificaba y amnistiaba sus propias evasiones: las empresas zombis, los perdonazos de impuestos, las boletas ilegales y los paraísos fiscales. Esas evasiones no entran en ningún registro y se tratan con extremo cuidado en el lenguaje.
Desde el poder se cataloga de "delincuente" a quien evade un pasaje de 830 pesos, pero jamás se ocupará tamaña palabra para referirse a evasores como los estudiantes de ética Délano y Lavín, quienes evadieron impuestos por 857.084.267 pesos cada uno. Eso equivale a 1.032.631 pasajes; un trabajador que evadiera el Metro dos veces al día tendría que vivir 1.414 años para igualarlos.
Columna de Daniel Matamala: La ciudad de la furia. 19 OCT 2019 08:50 PM