CREAR UN MARCO NORMATIVO PARA LA IMPUNIDAD Y DELINQUIR. La ley de la impunidad que están elaborando los socialistas contra la acusación popular está dirigida a crear un marco formal normativo para delinquir con impunidad algo contrario a derecho y por tanto tiene aspectos similares a la ley de amnistía, una ley contra el deber de perseguir los delitos que el gobierno en su conjunto deben fomentar y cumplir, y además ahonda en la degeneración del estado de derecho y en la separación de poderes pues le dá más poder a una Fiscalía subordinada al poder ejecutivo, politizada y falta de indepencia real, sin olvidar el posible daño al bien común que en parte está cuantificado en cantidades económicas fruto de la corrupción que ya han sido investigadas por la UCO , es además un abuso claro de poder y de corrupción por qué es utilizar las instituciones para crear un marco normativo de impunidad, algo por cierto, contrario a Derecho y en fraude. Algo parecido a lo que hicieron en Andalucía con los EREs, que desde el parlamento y gobierno andaluz crearon el marco legislativo para delinquir, excusándose en que era todo legal. Por otro lado choca con el derecho a la acusación popular y es pervertir el sentido de la acusación particular para hacer ingeniería legislativa y forzar el artículo 9.3 de la Constitución en especial la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es un acto de autoritarismo propio de una dictadura de la corrupción.
En España tenemos rebaños y rebaños de borregos con lo cual es mucho más difícil luchar contra todo esto que tenemos en lo alto
Como siempre un pedazo de programa.
CREAR UN MARCO NORMATIVO PARA LA IMPUNIDAD Y DELINQUIR.
La ley de la impunidad que están elaborando los socialistas contra la acusación popular está dirigida a crear un marco formal normativo para delinquir con impunidad algo contrario a derecho y por tanto tiene aspectos similares a la ley de amnistía, una ley contra el deber de perseguir los delitos que el gobierno en su conjunto deben fomentar y cumplir, y además ahonda en la degeneración del estado de derecho y en la separación de poderes pues le dá más poder a una Fiscalía subordinada al poder ejecutivo, politizada y falta de indepencia real, sin olvidar el posible daño al bien común que en parte está cuantificado en cantidades económicas fruto de la corrupción que ya han sido investigadas por la UCO , es además un abuso claro de poder y de corrupción por qué es utilizar las instituciones para crear un marco normativo de impunidad, algo por cierto, contrario a Derecho y en fraude.
Algo parecido a lo que hicieron en Andalucía con los EREs, que desde el parlamento y gobierno andaluz crearon el marco legislativo para delinquir, excusándose en que era todo legal. Por otro lado choca con el derecho a la acusación popular y es pervertir el sentido de la acusación particular para hacer ingeniería legislativa y forzar el artículo 9.3 de la Constitución en especial la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es un acto de autoritarismo propio de una dictadura de la corrupción.