Mi nombre es Adrián Cervantes Loaiza. La consulta que le hice recientemente a la Sala Constitucional sobre este tema duró mes y medio para que se pronunciaran. Su pronunciamiento fue interesante. Tanto que tras el dictamen, pasó a otro Tribunal Superior. El tema ha tenido a jueces y juezas, con quienes enfrentado criterio, de cabeza, ni ellos saben cómo abordar el asunto dado que el tema por sí solo es delicado y complejo. Por eso precisamente, ha tomado a 5 jueces y jueces que ahora tengo denunciados ante la Fiscalía Adunta en los Tribunales del Segundo Circuito de San José. En uno de los escritos de uno de los jueces, 29 de setiembre del 2022, me acusó de poner en riesgo al siatema de justicia en Costa Rica. Bueno, lo dijo solo porque no tienen argumentos jurídicos para defenderse ante este tema. Y a tal grado ha llegado la polémica, que un juez de un Tribunal Superior del Poder de Justicia, ha tenido que defenderse. Es un tema que lo llevaré hasta las últimas consecuencias en las instancias judiciales, donde incluso la Sala Primera de la Corte Suptema ha tenido que intervenir.
Adrián Cervantes Loaiza: debido al interés de un periodista quien quiere entrevistarme por este tema, en su momento a la misma APSE, si es de su interés también, le podría hacer llegar mis gestiones que realiazo en el Poder Judicial, en cada una de los diferentes despachos judiciales, que han sido muchos: jueces de la Primera Instancia, Segunda Instancia, Magistrados (Sala Primera y Sala IV), Fiscalía Adjunta Anticorrupción del Segundo Circuito de San José, donde haré lo mío para sentar responsabilidad sobre funcionarios y funcionarias del MEP, igual que jueces y juezas de la República por un tema tan delicado y sensible como este. Ahí tendrá que estar Nelly Venegas Brenes, Jefa de Gestión Disciplinaria, y Yaxinia Diaz Mendoza, jefa del Departamento de Recursos Humanos, quienes deben responder por los atropellos procesales que se han cometido en el MEP. Lo mío no son quejas ni reclamos, son alegaciones con pruebas. Por eso publiqué una lista de funcionarios y funcionarias del MEP, igual de jueces y juezas de la República, con lo cual dije que si alguno o alguna de esa lista me quería demandar, que lo hiciera, solo que ofreciera pruebas de los elementos probatorios con que he sustentado mis denuncias. E incluso, mis exposiciones ante la Sala Primera y Sala IV, donde increíble, los Magistrados de la Sala Primera emitieron una resolución a jueces del Tribunal de Apelaciones, pero estos enfrentaron a la misma Sala, aduciendo que no iban a obedecer la orden. A este punto hemos llegado en relaci{n con este tema. Por eso he hablado de Corrupcióm en el MEP y en el Poder Judicial, por eso mi denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, de lo cual pronto me reúno con la Fiscala a cargo de la investigación.
Me parece bien el análisis jurídico, igual la lucha emprendida, solo que no es cierto que al docente se le niegue el Debido Proceso y Derecho de Defensa a partir de la Ley N. 9999, puesto que en el Ministerio de Educación Pública se violentan estos derechos aun antes. Igual sucede con la negativa del Recurso de Apelacion ante el Tribunal de Carrera Doncente. Se viene aplicando antes de la Ley N. 9999. Por tal razón, es que presenté denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra funcionarios del MEP y 5 jueces de la República, causa por la cual se abrió expediente judicial de investigación en los Tribunales de Goicoechea, donde figuran Yaxinia Diaz Mendoza, Nelly Venegas Brenes, Carlos Avarado Quesada, Guiselle Cruz Maduro, entre otras funcionarios. Efectué consulta a la Sala Constitucional, quien después de mes y medio, me dio sentencia, que me resulta interesante. Esto ha generado un conflicto entre autoridades judiciales. Me hallo en el terreno de Guerra ante una polémica jurídica entre diferentes órganos judiciales por este tema. Asunto que ha puesto "malditos" a jueces y juezas.
¿Sabia que ya personas docentes están siendo sancionadas con esta norma por “agresión psicológica” sin relación a actos sexuales de abuso sexual o tratamiento sexualizado?
Por qué los sindicatos NO nos defienden ??? Cómo es posible que en el capítulo 10 de esa ley 9999 con sólo que un estudiante diga que ud o yo le hicimos un gesto que le produjo "agresión psicológica", ya eso es suficiente para dar por un hecho que el docente es un agresor. No es posible que esa ley viole nuestro derecho de Presunción de Inocencia, por sólo la palabra de un adolescente, que tal vez dice semejante cosa porque no le cae bien el docente o la materia que imparte el docente. Se sabe bien que los adolescentes casi todos mienten y es normal por la edad que atraviezan, la falta de madurez... ¡ cuántos docentes han ido hasta la cárcel siendo inocentes !
![Jordan Adetunji - KEHLANI REMIX (feat. Kehlani) [Official Video]](http://i.ytimg.com/vi/EeJ8n5PxFGE/mqdefault.jpg)
Información muy acertada y de gran relevancia para la preparación del funcionario público.
Mi nombre es Adrián Cervantes Loaiza. La consulta que le hice recientemente a la Sala Constitucional sobre este tema duró mes y medio para que se pronunciaran. Su pronunciamiento fue interesante. Tanto que tras el dictamen, pasó a otro Tribunal Superior. El tema ha tenido a jueces y juezas, con quienes enfrentado criterio, de cabeza, ni ellos saben cómo abordar el asunto dado que el tema por sí solo es delicado y complejo. Por eso precisamente, ha tomado a 5 jueces y jueces que ahora tengo denunciados ante la Fiscalía Adunta en los Tribunales del Segundo Circuito de San José. En uno de los escritos de uno de los jueces, 29 de setiembre del 2022, me acusó de poner en riesgo al siatema de justicia en Costa Rica. Bueno, lo dijo solo porque no tienen argumentos jurídicos para defenderse ante este tema. Y a tal grado ha llegado la polémica, que un juez de un Tribunal Superior del Poder de Justicia, ha tenido que defenderse. Es un tema que lo llevaré hasta las últimas consecuencias en las instancias judiciales, donde incluso la Sala Primera de la Corte Suptema ha tenido que intervenir.
Hola saludos desde la bella y hermosa Perla del Pacifico. 11-Nov-2022 21:50Hrs
Adrián Cervantes Loaiza: debido al interés de un periodista quien quiere entrevistarme por este tema, en su momento a la misma APSE, si es de su interés también, le podría hacer llegar mis gestiones que realiazo en el Poder Judicial, en cada una de los diferentes despachos judiciales, que han sido muchos: jueces de la Primera Instancia, Segunda Instancia, Magistrados (Sala Primera y Sala IV), Fiscalía Adjunta Anticorrupción del Segundo Circuito de San José, donde haré lo mío para sentar responsabilidad sobre funcionarios y funcionarias del MEP, igual que jueces y juezas de la República por un tema tan delicado y sensible como este. Ahí tendrá que estar Nelly Venegas Brenes, Jefa de Gestión Disciplinaria, y Yaxinia Diaz Mendoza, jefa del Departamento de Recursos Humanos, quienes deben responder por los atropellos procesales que se han cometido en el MEP. Lo mío no son quejas ni reclamos, son alegaciones con pruebas. Por eso publiqué una lista de funcionarios y funcionarias del MEP, igual de jueces y juezas de la República, con lo cual dije que si alguno o alguna de esa lista me quería demandar, que lo hiciera, solo que ofreciera pruebas de los elementos probatorios con que he sustentado mis denuncias. E incluso, mis exposiciones ante la Sala Primera y Sala IV, donde increíble, los Magistrados de la Sala Primera emitieron una resolución a jueces del Tribunal de Apelaciones, pero estos enfrentaron a la misma Sala, aduciendo que no iban a obedecer la orden. A este punto hemos llegado en relaci{n con este tema. Por eso he hablado de Corrupcióm en el MEP y en el Poder Judicial, por eso mi denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, de lo cual pronto me reúno con la Fiscala a cargo de la investigación.
Me parece bien el análisis jurídico, igual la lucha emprendida, solo que no es cierto que al docente se le niegue el Debido Proceso y Derecho de Defensa a partir de la Ley N. 9999, puesto que en el Ministerio de Educación Pública se violentan estos derechos aun antes. Igual sucede con la negativa del Recurso de Apelacion ante el Tribunal de Carrera Doncente. Se viene aplicando antes de la Ley N. 9999. Por tal razón, es que presenté denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra funcionarios del MEP y 5 jueces de la República, causa por la cual se abrió expediente judicial de investigación en los Tribunales de Goicoechea, donde figuran Yaxinia Diaz Mendoza, Nelly Venegas Brenes, Carlos Avarado Quesada, Guiselle Cruz Maduro, entre otras funcionarios. Efectué consulta a la Sala Constitucional, quien después de mes y medio, me dio sentencia, que me resulta interesante. Esto ha generado un conflicto entre autoridades judiciales. Me hallo en el terreno de Guerra ante una polémica jurídica entre diferentes órganos judiciales por este tema. Asunto que ha puesto "malditos" a jueces y juezas.
¿Sabia que ya personas docentes están siendo sancionadas con esta norma por “agresión psicológica” sin relación a actos sexuales de abuso sexual o tratamiento sexualizado?
Por qué los sindicatos NO nos defienden ??? Cómo es posible que en el capítulo 10 de esa ley 9999 con sólo que un estudiante diga que ud o yo le hicimos un gesto que le produjo "agresión psicológica", ya eso es suficiente para dar por un hecho que el docente es un agresor. No es posible que esa ley viole nuestro derecho de Presunción de Inocencia, por sólo la palabra de un adolescente, que tal vez dice semejante cosa porque no le cae bien el docente o la materia que imparte el docente. Se sabe bien que los adolescentes casi todos mienten y es normal por la edad que atraviezan, la falta de madurez... ¡ cuántos docentes han ido hasta la cárcel siendo inocentes !
Ahora usted en el MEP es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esto va en contra de principios democraticos.
Por cierto no han hecho nada